ASONAVE denuncia falta de transparencia fiscal en aclarar destino de la recaudación por Tarifa de uso de Puertos (TUP)

Señala que las empresas portuarias estatales y el Sistema de Empresas Públicas (SEP) no informan acerca de los montos y destino de la recaudación por concepto de la Tarifa de Uso de Puertos ( TUP).

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Imagen foto_00000001Carlos Manterola, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (ASONAVE), gremio que representa aproximadamente el 40 % de las recaladas de naves atendidas en las costas de Chile, denunció que, -en representación de los intereses de sus asociados y armadores correspondientes-, solicitó por escrito a las Empresas Portuarias Estatales - EPE y al SEP, informar acerca de los dineros recaudados por concepto de la Tarifa de Uso de Puerto (TUP) en cada uno de los Puertos Estatales, desde su puesta en vigencia en el año 2000 hasta la fecha. Solicitó además que se informe respecto de las inversiones realizadas para mantener y generar aguas abrigadas, lo que es el objetivo central de dicha tarifa. Manterola indicó que luego de infructuosos esfuerzos, no ha sido posible que las empresas fiscales consultadas transparenten la información solicitada, lo que el gremio califica como una situación que tiende un manto de duda sobre la transparencia en la administración de cuantiosos recursos aportados por las empresas navieras representadas por ASONAVE.

 

 Origen de la Tarifa de uso de Puertos (TUP)

 

La Tarifa TUP que cobran las Empresas Portuarias Estatales a las naves que utilizan aguas abrigadas artificialmente mediante obras realizadas por el estado, fue creada luego del proceso de concesiones portuarias iniciado en el año 2000, y fue concebida para financiar la mantención, prolongación o construcción de obras de abrigo necesarias para el desarrollo del puerto que cobra esa tarifa. Este objetivo es plenamente compartido por los asociados y armadores representados por ASONAVE, Industria Marítimo Portuaria, Importadores, Exportadores y agentes del comercio exterior en general.

 

 Falta de abrigo de aguas, una grave ineficiencia que afecta a los Puertos y al comercio exterior chileno.

 

Considerando la creciente frecuencia de fenómenos de marejadas en las costas chilenas, las cuales generan altísimos costos para las navieras ,-y en definitiva al comercio exterior del país producto de la espera para poder atracar en forma segura-, se hace cada vez más urgente para la competitividad del comercio exterior que se inviertan debidamente los dineros que se cobran por concepto de la TUP para corregir o eliminar esta grave ineficiencia de nuestro sistema portuario que no cuenta con puertos naturales adecuados y necesita invertir en mejorar la eficiencia, seguridad y disponibilidad de las obras portuarias. Hoy no es posible programar adecuada y oportunamente la atención de una nave, generando pérdidas e ineficiencia en el sistema exportador e importador.

 

ASONAVE estima que el Estado ha recaudado entre USD 600 millones a USD 1.000 millones por concepto de tarifa TUP.

 

La asociación denuncia que sus representados no han visto mejoramiento alguno en el abrigo de aguas en los puertos chilenos, habiendo pagado esta tarifa por más de 16 años, y por la cual estiman que el Estado ha recaudado entre USD 600 millones a USD 1.000 millones, ignorando el detalle de lo recaudado por puerto y sin saber adónde han ido a parar estos cuantiosos recursos, que deberían estar invertidos en las distintas regiones portuarias. La falta de transparencia de las empresas portuarias fiscales y del SEP para responder al requerimiento de ASONAVE sumada a la constatación de que no se han realizado las obras necesarias para mejorar las aguas abrigadas de los puertos del país, implicaría que el fisco estaría cobrando a las naves por un servicio que no se está prestando en la realidad, conformando la figura de una “tarifa ideológicamente falsa”.

 

La recaudación por concepto de TUP debe invertirse en el puerto que genera la recaudación.

 

El ejecutivo señala que la TUP debería invertirse en cada puerto en donde se efectuó la recaudación, favoreciendo así el desarrollo armónico de cada región portuaria y permitiendo la transparencia y fiscalización directa de los múltiples actores involucrados en la actividad portuaria local. De no ser así, se prestaría para manejos de cuantiosos recursos, difíciles de fiscalizar, pudiendo favorecer en forma discrecional y discriminatoria a algunos puertos y empresas por sobre otras, agregando que es rol del estado regulador que esto no se produzca.

 

Las propuestas de ASONAVE no fueron consideradas por la Comisión CIPL.

 

El ejecutivo señala que les llama profundamente la atención que, si bien el gremio ASONAVE representa aproximadamente el 40 % de las recaladas de las naves atendidas en los puertos chilenos, y habiendo representado las presentes materias relativas a infraestructura portuaria, junto a varias otras, a la Comisión CIPL presidida por Alvaro Díaz, no se hayan considerado las propuestas de Asonave en su informe “Puertos y Logística” enviado a la Presidenta de la República. Es más, hasta se borró completamente la participación de ASONAVE  de las sesiones de dicho comité, siendo que dicho gremio atiende aproximadamente 2.500 naves al año. Concluye diciendo que el informe fue enfáticamente rechazado por su gremio por estar mal concebido, ser irregular y parcial.

 

Preocupación de ASONAVE por posible desvío de recursos recaudados por la TUP para hacer un Megapuerto en San Antonio y subsidio a un Ferrocarril para hacer un Puerto Seco en Santiago.

 

Manterola señala que los directivos de la Portuaria Estatal de San Antonio han planteado que el proyecto de Megapuerto en San Antonio estaría asociado a un tren a Santiago, proyecto a implementarse con fondos públicos. Esta situación, a juicio de Manterola, es de la mayor gravedad, toda vez que una obra de esa naturaleza, técnicamente no puede ser rentable e implicaría la existencia de un Puerto Seco en la ciudad de Santiago. Señala que: “Lo que más nos preocupa es que el Estado estaría intentando competir con otros sistemas de transporte que hoy funcionan eficientemente, sin costarle un peso al erario nacional, sobrepasando su rol subsidiario constitucional, endeudando a todos los chilenos para seguir subsidiando a Santiago y continuar fomentando el centralismo que agobia a éste país.

 

El ejecutivo termina pidiendo claridad, transparencia, información clara y exacta y término del secretismo con el que las portuarias fiscales están administrando cifras cercanas a los 1.000 millones de dólares sin una adecuada trazabilidad que permita despejar toda duda sobre “tarifas ideológicamente falsas”.

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