COTRAPORCHI pide intervención de Convención Constitucional ante rechazo de Bolivia a acuerdo con el puerto de Arica

Arica 16 de agosto 2021. La Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), decidió intervenir en el conflicto entre el Puerto de Arica y la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), tras conocer la negativa de la empresa del vecino país a firmar un acuerdo de descuentos tarifarios por 3 años y solicitar, a cambio, una prórroga de 6 meses del convenio que venció el 4 de agosto pasado.

El presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza confirmó que su gremio presentó una carta a la Comisión Transitoria de Descentralización de la Convención Constituyente, a raíz de que esta instancia iniciará sus reuniones regionales en Arica. La acción fue suscrita por la presidenta del Sindicato de Ultraport, Sandra Baltierra, y el secretario del Sindicato TPA 1, Víctor Ramírez, quienes recurrieron al dirigente nacional para abordar esta problemática.

“A través del alcalde de Arica, hemos hecho llegar una carta donde pedimos que la Convención Constitucional intervenga frente cualquier intento de entregar el Puerto de Arica a las pretensiones de Bolivia. Aquí no se trata de nacionalismos, se trata de que el Puerto de Arica garantice trabajo a los chilenos y goce de estabilidad para su desarrollo futuro. Lo que queremos entonces es que se deje negociar a las empresas regionales y no intervengan los diplomáticos porque aquí nadie está vulnerando la garantía de libre tránsito comprometida en el Tratado de 1904 con Bolivia”, indicó Baeza.

El máximo dirigente de Cotraporchi señaló que “consideramos muy importante el trabajo que está haciendo en regiones la Convención Constitucional. En Arica hay hartos problemas pendientes, donde por los tratados no se pueden hacer miles de cosas. El Puerto es uno de ellos. No puede ser que un organismo extranjero se niegue a pagar las tarifas justas y más encima con descuentos. Los servicios en los puertos deben pagarse, porque con ello se sostienen las empresas, las inversiones y los trabajadores. Se necesita una visión regional de este problema y por eso creemos importante que en la nueva Constitución se considere esta problemática. La guerra pasó hace más de 100 años y no podemos seguir atada a ella”.

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Ultraport Arica y vicepresidenta de Cotraporchi, Sandra Baltierra indicó que desde el año 2019, “se logró un acuerdo con rebajas importantes para la carga boliviana. Así se pudo ordenar el Puerto, ya que antes Bolivia movía su carga cuando quería y provocaba congestión dentro del terminal y en las calles de la ciudad. Ese esfuerzo que hemos hecho no puede tirarse por la borda, ya que ha significado una mayor estabilidad laboral. El respeto al tratado no significa entregar servicios gratis. Aquí hay trabajadores portuarios chilenos que hacen con mucho esmero el despacho de la carga boliviana. Si Bolivia vende esos productos a un precio de mercado, ¿por qué aquí el Estado o una empresa chilena deben subvencionar esa carga extranjera?”.

Asimismo, el secretario del Sindicato de Trabajadores de TPA 1 Víctor Ramírez, advirtió que su gremio ve con preocupación “que Bolivia intente imponer una posición que a todas luces es ganar tiempo para un cambio de gobierno. Ellos sabían hace 6 meses que se les vencía el acuerdo firmado el 2019, así es que nos parece que es una excusa muy rebuscada la petición de contar con más plazo para revisar el tarifario. Ellos conocen cada tarifa y cada servicio porque los usan todos los días. Aquí no hay nada que revisar. El Puerto de Arica es una empresa regional y transparente cuyas tarifas se conocen públicamente. Más bien lo que hay que preguntarse es cuánto recarga la ASP-B a nuestras tarifas y que encarece nuestros servicios, sin que ellos muevan un solo contenedor de los barcos”.

Junto con la carta a la Convención Constitucional, hoy los tres dirigentes se reunieron con el concejal y secretario de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto, Jorge Mollo. Los gremialistas valoraron “la preocupación del edil y sus buenos oficios ante distintas autoridades frente a este conflicto que sabemos no lo ha creado el Puerto de Arica. Sin embargo, echamos de menos un respaldo más decidido del Gobierno y, en especial, de la Cancillería de nuestro país, en el sentido de apoyar las gestiones del Puerto. No queremos que haya más concesiones a Bolivia, porque ya han sido suficientes. La historia nos muestra que por más beneficios que se le entregue, los gobiernos bolivianos nunca abandonarán su tono hostil hacia Chile. Arman conflictos artificiales con Chile, acusándonos de haberles quitado el mar, para lograr apoyo ciudadano cuando están débiles”.