Gremios frutícolas evalúan acciones legales y piden al gobierno acabar con paro portuario Dirigentes sindicales y ejecutivos de Puerto Central, donde se reanudó el movimiento, sostuvieron extensas conversaciones.

Mientras representantes de exportadores y productores frutícolas exigieron, tanto al gobierno como a Puerto Central, terminar de manera definitiva con el conflicto portuario -que se reanudó la noche del lunes en las instalaciones de esta firma ligada a la familia Matte- ejecutivos de la concesionaria y los dirigentes sindicales sostuvieron durante gran parte de la jornada con la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) como garante-y hasta el cierre de esta edición- conversaciones para tratar de llegar a una solución.

Conocedores del tema explicaron que el conflicto resurgió el lunes, luego de que Puerto Central realizó a los trabajadores una propuesta para contratar a un grupo de cien personas y establecer una lista preferente controlada por ellos para 150 trabajadores eventuales (ver recuadro).

El problema se suscitó porque dicho planteamiento se realizó en el marco de una reunión de coordinación entre los ejecutivos y dirigentes sindicales -entre ellos Sergio Vargas, el vocero nacional del movimiento, que trabaja en ese terminal- para aplicar los compromisos correspondientes a la empresa del acuerdo que los trabajadores alcanzaron con el gobierno el fin de semana.

La decisión de Puerto Central fue mal vista en el sector privado, pues la consideraron fuera de lugar, ya que la propuesta en el fondo apunta a reducir el poder de la dirigencia sindical al quitarle las atribuciones para escoger a los trabajadores que prestan servicios en el puerto.

La razón que los trabajadores expusieron como causa para retomar el paro fue que Puerto Central no citó a los trabajadores al primer turno posterior al fin de las movilizaciones, correspondiente al domingo recién pasado.

Fuentes de la empresa explicaron que la razón para no llamar a los operarios fue que el terminal no estaba en condiciones de retomar sus operaciones por el exceso de automóviles que había a consecuencia de la paralización.

Precisamente este último punto fue cuestionado por los dirigentes del sector frutícola y de otros sectores, pues al menos como “una señal” la firma podría haber citado a algunas personas.

Además de los dos terminales de San Antonio, Puerto central y STI, ayer se sumó el Puerto de Iquique y hoy podrían hacerlo la Unión portuaria del Bíobío.

Frente a la movilización, STI reiteró que honrarán en su totalidad lo acordado y solicitaron a sus trabajadores “responder de la misma manera, a la espera de que los demás terminales de San Antonio encuentren a la brevedad la forma de reasumir sus funciones”, dijeron.

Acciones legales


Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, junto a sus pares de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Ronald Bown, y de la Federación de Exportadores de Frutas (Fedefruta), Cristián Allendes, pidieron a Puerto Central que respete el acuerdo suscrito por el gobierno y los trabajadores.

“Un integrante de esta mesa tripartita adoptó una decisión adicional respecto del acuerdo y eso creó un problema con los trabajadores, quienes decidieron seguir movilizados”, dijo Bown.

Los dirigentes dijeron estar evaluando acciones legales contra los responsables de los daños y perjuicios generados por las movilizaciones.

Tambien plantearon que el gobierno revise las concesiones de los puertos. “Llamamos a que se revise el contrato que liga al Estado con esta empresa concesionaria, para ver si están plenamente satisfechos la responsabilidad de esta firma respecto de los servicios que asumió con el Estado, en su rol vital que es mantener operativo ese sector del puerto de San Antonio”, añadió Crespo. 

La propuesta de Puerto Central
Puerto Central ofreció 100 plazas para la contratación inmediata a quienes garantizaba el pago de un mínimo de 22 turnos mensuales, cuando el promedio de jornadas de dicha empresa es de 11. La propuesta incluía el pago de un bono de incorporación para cada trabajador que acepte, así como un incremento de 6% al valor base de cada turno.
Además, la empresa planteó establecer una lista preferente de llamado para 150 personas que sería administrada por la concesionaria y dirigida a aquellos trabajadores que quisieran mantener su condición de operario "eventual".
Esta propuesta fue rechazada por los dirigentes sindicales y al cierre de esta edición en la reunión que sostuvieron con ejecutivos de la empresa y de EPSA, habrían logrado arribar a un preacuerdo que luego fue desechado por los trabajadores.