Contraloría decreta que gerente general de EPV asumió el cargo estando inhabilitado
PUBLICADO EN EL LIBERO. Un dictamen estableció que cuando el ejecutivo Gonzalo Davagnino asumió en octubre de 2014 en la compañía estatal, estaba inhabilitado por ser socio de una empresa marítima. El organismo instruyó al directorio a iniciar una investigación para determinar si favoreció a su sociedad Uniport Chile.
Fuente: el Libero. Los vínculos comerciales entre ejecutivos de la empresa estatal Puerto de Valparraíso(EPV) con dueños de compañías navieras llevaron a la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi) a presentar una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso hace dos años.
El gremio, que agrupa al 70% de los trabajadores portuarios del país, pidió que se investigaran “evidentes conflictos de interés” y se decretara la “inhabilidad” de los funcionarios públicos involucrados.
Ello, por la relación comercial que existía entre el presidente de EPV, Raúl Urzúa, el gerente general, Gonzalo Davagnino, y el gerente de logística, Carlos Vera, con empresas relacionadas al negocio marítimo/portuario que “no han sido aclaradas por tales funcionarios públicos ni tampoco investigadas”.
Después de dos años de tramitaciones y varias réplicas de consideraciones, la Contraloría General emitió un dictamen el pasado 2 de junio que declara que el gerente general de EPV, Gonzalo Davagnino, debió inhabilitarse debido a que cuando asumió el 1 de octubre de 2014 era socio de la empresa Uniport Chile, que está relacionada con la actividad marítima y portuaria.
Contraloría advierte inhabilidad en gerente general de empresa portuaria de Valparaíso
El dictamen de la Contraloría plantea que solo el 30 de octubre de 2015 -un año después de asumir en EPV-, Davagnino inició una gestión judicial voluntaria ante el Tercer Juzgado de Letras de Viña del Mar con el objetivo de notificar a su socio la renuncia.
Sin embargo, al 6 de septiembre de 2016 “no existe constancia que la sociedad haya sido disuelta, encontrándose dicha inscripción vigente”.
El organismo dictamina que “debe hacerse presente que de conformidad con lo informado por la Superintendencia de Valores y Seguros -entidad a cuya fiscalización también se encuentra sometida EPV-, el señor Davagnino Vergara asumió como gerente general de esa empresa el 1 de octubre de 2014, data en la cual se verificaba la inhabilidad por la que se consulta”, concluye la Contraloría.
El organismo instruye al directorio de EPV a realizar una “breve investigación con el objeto de determinar si durante el lapso en que el referido gerente general ejerció el cargo siendo inhábil para ello, favoreció indebidamente a la empresa Uniport Chile Limitada, toda vez que dicha circunstancia es precisamente lo que el impedimento en comento busca evitar”.
Además, la Contraloría establece que respecto al posible conflicto de interés en que habría incurrido el gerente de logística Vera Inostroza, “no se aprecia que la empresa Carle & Cía haya sido indebidamente favorecida por ese directivo sin perjuicio de que aquel debió abstenerse de conocer la petición de dicha entidad, por lo que se desestima la solicitud de los recurrentes en lo relativo a esa materia”.
Presidente de trabajadores portuarios: “Dictamen de la Contraloría nos deja parcialmente conformes”
Sergio Baeza, presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), señala a este diario que lo resuelto por la Contraloría “nos deja parcialmente conformes”, ya que por una parte “finalmente establece con claridad que Davagnino tenía la inhabilidad que venimos denunciando hace tanto tiempo pero, insólitamente, se resuelve que el directorio de la EPV evalúe el comportamiento de Davagnino respecto a la inhabilidad, siendo que se ha demostrado que Urzúa y otros ejecutivos que tenían sociedades vinculadas a la actividad portuaria, con socios comunes, generándose vínculos entre todos ellos”.
A su juicio, ello “no es presentable, es insólito, más aún si se toma en cuenta que el contralor Jorge Bermúdez ha sido abogado de la EPV por muchos años, lo que debiera impulsar el máximo rigor de la Contraloría para despejar dudas, y no a resolver de manera tan ilógica”.
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