Chile y su Geopolítica Electoral que se avecina.

Rodolfo Ponce Vargas, Analista Internacional y Geopolítico.

Chile se aproxima a un nuevo ciclo presidencial inmerso en una encrucijada mayor que la mera disputa entre coaliciones. Bajo la superficie de los eslóganes y programas, se teje una trama geopolítica más profunda: la convergencia entre redes ideológicas transnacionales, crimen organizado y progresiva captura de espacios institucionales. Ya no se trata solo de quién gobierna, sino de qué tipo de poder se consolida.

En las últimas décadas, el Foro de São Paulo ha operado como articulador ideológico de la izquierda latinoamericana, en sus múltiples expresiones: partidos comunistas, movimientos nacionales-populares e incluso gobiernos de clara orientación autoritaria. Aunque su discurso se reviste de integración regional y justicia social, en la práctica ha tendido puentes con regímenes cuya relación con redes ilícitas es al menos preocupante. Venezuela, por ejemplo, se ha convertido en un caso paradigmático de fusión entre poder político y crimen transnacional, con el llamado Cartel de los Soles como emblema de esa hibridación. Actuaciones e infiltraciones de su contrainteligencia en Chile y sus vínculos con el Tren de Aragua.

Chile ha comenzado a mostrar signos de infiltración estructural del crimen organizado, con presencia creciente en puertos, zonas urbanas periféricas y organismos del Estado que preocupantemente están llegando incluso a sus propias fuerzas armadas. Esta emergencia criminal no es solo un problema de seguridad: implica un riesgo real de captura institucional, donde operadores ilícitos acceden a decisiones estratégicas mediante corrupción, intimidación o cooptación política. La infiltración está en ejecución y busca vulnerar y controlar todas las instituciones de nuestro Estado.

La preocupación crece cuando estas estructuras se entrelazan con discursos populistas, agendas anti institucionales y vínculos ideológicos internacionales, generando una hidra de múltiples cabezas: redes que financian campañas, protegen intereses logísticos ilícitos y distorsionan la voluntad ciudadana mediante control territorial o miedo.

En este panorama, las elecciones presidenciales de 2025 no deben leerse como un mero ejercicio democrático, sino como una batalla por el control del Estado frente a poderes informales que se consolidan en la sombra. Las candidaturas, los aparatos partidarios y las plataformas electorales deberán ser observadas no solo por su retórica, sino por las alianzas que las sostienen, los recursos que las movilizan y los silencios que las comprometen.

Frente a este escenario, la derecha chilena está llamada a cumplir un rol trascendental. No solo como oposición electoral, sino como arquitecta de una alternativa republicana capaz de restaurar el imperio de la ley y frenar la expansión de lógicas ilegítimas del poder. Su papel debe ir más allá del discurso punitivo: requiere propuestas estratégicas, redes institucionales sólidas y el coraje político de marcar límites donde otros los disuelven. En su capacidad de regenerarse, articular alianzas democráticas y defender la legitimidad del Estado radica parte esencial de la contención frente al caos que amenaza con institucionalizarse y que se hizo exprofeso con el estallido delictual de octubre del 2019.

No se trata de esgrimir teorías conspirativas ni de criminalizar opciones ideológicas legítimas. Se trata de comprender que, en el tablero latinoamericano, la criminalidad organizada ya no opera al margen del sistema, sino muchas veces a través de él y que el costo de mirar hacia otro lado puede ser la erosión definitiva de los fundamentos republicanos.

Chile aún tiene las herramientas institucionales, la memoria democrática y la musculatura civil para enfrentar esta amenaza. Pero necesita una ciudadanía informada, una prensa vigilante y una derecha política que esté a la altura de la coyuntura. Porque en este escenario, quien no confronta la descomposición, la habilita y el gran afectado será Chile completo una vez más.