La conmemoración del 11 de Septiembre sólo traerá caos, confusión y enfrentamientos.

El próximo lunes 11 de septiembre, para algunos chilenos será un aniversario histórico, pero para la mayoría de los ciudadanos el acontecimiento no guarda relación con el real sentir de una comunidad cansada, agobiada y agotada de escuchar una y otra vez, majaderamente, el mismo cuento, y que, muy por el contrario sólo desea paz social, tranquilidad y seguridad para trabajar y prosperar cultural y económicamente. Y en ese aspecto la orquestada conmemoración de un episodio complejo de nuestra historia sólo trae caos, confusión y enfrentamientos. No será un hito de unión ni de acuerdos, no se encontrarán reconciliaciones y se auspiciará el continuar por más décadas siendo una sociedad dividida, gracias a la manipulación de intereses mezquinos e ideológicos.

En el contexto marítimo, el proyecto de modificación al cabotaje está logrando y haciendo honor a la misma estructura, rechazándose una Ley de Fomento a la Marina Mercante  N° 3059, que establece en su artículo primero que el “La política naviera permanente de Chile es fomentar el desarrollo y favorecer la mantención de su Marina Mercante en armonía con el interés general” y agrega “ el Estado de Chile propenderá a apoyar  a las empresas navieras chilenas para obtener acceso a los mercados mundiales de transporte marítimo” . En este sentido, la puesta en escena del gobierno no respeta la ley y sólo está creando una bomba de tiempo de enfrentamientos entre trabajadores de distintas actividades logísticas, marina mercante de altura, marina mercante austral, camioneros y por consecuencia, también con la acuicultura, la pesca industrial y artesanal, los puertos y todo servicio asociado a la conectividad.

En análisis de base, no se comprende para qué se insiste en un proyecto que con otro nombre “Apertura al Cabotaje a Naves Extranjeras” ya buscó en dos gobiernos anteriores,  del ex presidente Sebastián Piñera, generar la libre incorporación de flotas extranjeras de comercio exterior al transporte marítimo nacional, tratando de entregarles de manera gratuita el único reducto donde aún hay carga para las naves nacionales, el cabotaje, expresando distintos argumentos para justificar anhelos supuestamente positivos en un proyecto que siempre ha sido malo. El actual gobierno con una actitud arrogante y autoritaria, hace suya este ícono de competitividad salvaje y de economía neoliberal del que en otros aspectos dice renegar, sin justificación válida alguna. El proyecto no invita a la unidad, al desarrollo y la visión prospectiva. Por el contrario, crea inseguridad, desmotivación y se gana el rechazo general de los afectados.

Con trabajadores y empresarios enfrentados con un gobierno que no hace el mínimo intento por reconocer sus problemas reales que se tienen con las empresas estatales como Codelco y Enap y las navieras que interactúan en el problema, el ministro de economía, sin importar los daños colaterales a otras actividades de la cadena logística como la de los camioneros, continúa pertinazmente resuelto en su objetivo en este proyecto inicuo, con carácter impositivo, que a todas luces no busca consenso alguno.

En la mesa de dialogo generada por la ALIANZA MARÍTIMA DE CHILE y el gobierno, se buscó mejorar la definición de reputación de naves para evitar su mal uso, se propuso no modificar la definición de cabotaje, pero a pesar de los esfuerzos, el gobierno insiste en modificar la definición para permitir a naves de comercio exterior extranjeras  ( banderas de conveniencia), realizar cabotaje entre puertos chilenos y ante el llamado de atención de organizaciones del sur por insistir en incorporar a la marina mercante austral en un debate del cual no deberían ser parte, ( la marina austral desarrolla labores de conectividad y apoyo a la acuicultura que no tienen relación al transporte de líquidos a granel, en gran medida el objetivo del gobierno) la autoridad ministerial aceptó incorporar una cláusula, donde las modificaciones sólo afectarán a naves por sobre 150 metros de eslora, pero acto seguido se incorporó la excepción de la “necesidad pública”, sabiendo que muchas navieras del sur desarrollan conectividad y participan de las licitaciones del Estado, lo que deja oscuras puertas abiertas. Otra medida es la de permitir los cambios de puerto a naves cuando éstos se encuentren cerrados por razones climatológicas o de fuerza mayor, donde al no mediar apellidos deja abierta la posibilidad que no sólo sea por las comprensibles  razones citadas, sino también ante paralizaciones y huelgas, afectando el derecho mundial de los trabajadores expresado en los acuerdos de la OIT.   Así se podrían analizar distintos detalles, que con letras chicas  pretenden pasar inadvertidos a la mirada de los señores parlamentarios que tienen la misión de salvaguardar las reales necesidades del país, su inversión y los derechos e intereses de sus trabajadores, ese bien país que tanto deseamos los chilenos.

Lo único concreto es que habiendo realizado las observaciones del escenario actual y de lo propuesto por el gobierno, nadie podría negar que oportunamente hicimos presente que la medida en comento puede favorecer al narcotráfico y al crimen organizado, vulnerar la soberanía y tener implicancia en los problemas limítrofes antárticos futuros con Argentina, afectar la seguridad nacional, generar confrontaciones con los espacios costeros marinos pueblos originarios (ECMPO) al estar estos vinculados a la entrega de mar territorial, incentivar la competencia desleal en tarifas y derechos para capitales nacionales, no involucrar fomento a la actividad como señala la ley, no entregar ningún aporte ni incentivo a la educación marítima, etc. Dicho esto, la competencia de la que tanto habla el gobierno, al igual como antes lo hizo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, no se genera. Los navieros afectados podrán decidir seguir trabajando como navieras chilenas, pueden seguir utilizando y aumentar sus naves reputadas o bien derivar sus flotas a banderas de conveniencia, con lo cual en lo medular el único que podría tener un beneficio o una manera de escabullirse de los alcances del proyecto es el armador afectado, a quien el gobierno se afana en diezmar, ya que muy por el contrario, a nivel de los trabajadores, sólo genera una confrontación directa entre sindicatos y federaciones que intentan proteger la existencia de sus organizaciones y las fuentes laborales de sus asociados.

En todo este contexto, la concreción de esta iniciativa gubernamental es lo peor que le podría suceder a Chile. Ha sido rechazada en tres oportunidades y en todas ellas por trabajadores y empresarios. La iniciativa no aporta ni favorece al bien común y debe ser categórica y definitivamente desahuciada como medida e idea para siempre. El único beneficio es contrarrestar las deplorables gestiones y operaciones marítimas que se traducen en pérdidas para las empresas estatales. Para los chilenos no significa ninguna mejora tangible y real. Muy por el contrario.

Rodolfo Ponce Vargas
Presidente
Alianza Maritima de Chile