 
                    
                ASONAVE valora la inadmisibilidad del proyecto y llama a construir una solución técnica junto al Gobierno y las ciudades-puerto
 Tras la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de declarar inadmisible el proyecto conocido como “royalty portuario” -por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República-, el presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (ASONAVE), Gonzalo Fernández, destacó el respeto a las reglas institucionales y llamó a encauzar la conversación por una vía técnica y constitucional.
Tras la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de declarar inadmisible el proyecto conocido como “royalty portuario” -por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República-, el presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (ASONAVE), Gonzalo Fernández, destacó el respeto a las reglas institucionales y llamó a encauzar la conversación por una vía técnica y constitucional.
“Valoramos que se haya respetado la institucionalidad. Este era un proyecto que, más allá de sus intenciones, abordaba materias que por Constitución corresponden al Ejecutivo. Nuestro llamado ahora es a trabajar con el Gobierno, los municipios y las comunidades portuarias en una solución que fortalezca a las ciudades-puerto sin encarecer la logística ni el comercio exterior”, señaló Fernández.
El presidente de ASONAVE recalcó que el objetivo de apoyar a las ciudades-puerto es compartido por la industria, pero advirtió que un gravamen plano por tonelada -presentado como “royalty”- no es un royalty y termina operando como un impuesto al tránsito de mercancías. “Ese camino sube los fletes, eleva el costo-país y resta competitividad frente a otros puertos de la costa del Pacífico”, añadió.
Nuestro objetivo es claro: ciudades-puerto fuertes, reglas claras y costos contenidos. ASONAVE está disponible desde ya para colaborar con el Ministerio de Transportes, Hacienda y Subrei, con alcaldes y autoridades regionales, para diseñar un mecanismo serio, transparente y constitucional que beneficie a las ciudades-puerto sin castigar el comercio exterior”, concluyó Fernández.
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